Proyectos y Contrataciones en lo público
Prácticamente estamos finalizando el año 2021 y con la expectativa del inicio del nuevo 2022. La situación de salud pública a nivel particular del Ecuador y en general del mundo entero esta complicada por la vigencia del COVID-19 y las nuevas variantes (al momento de éste texto la variante OMICRON). Otros problemas locales como la producción petrolera, la seguridad interna y otros de ámbito económico y social están enfrentando al presupuesto general del Estado Ecuatoriano aprobado del año 2022 por alrededor de 33 800 millones de dólares.
Las asignaciones
presupuestarias para la contratación de bienes y servicios destinados a las
entidades públicas de todo nivel, no está precisamente claro pero en términos
generales estaría cubriendo las mismas necesidades operativas de lo que ha sido
el año 2021 y habría algún monto para inversión.
Así entonces,
considerando esto ligeros antecedentes y su impacto en el ecosistema de la
contratación pública en particular y su relación con proyectos en general, me
obliga a comentar que los procesos de contratación que en el ámbito público
se denominan “proyectos”, son en su mayoría sólo el nombre; es decir,
generalmente se califica a los procesos de adquisición de bienes y servicios
como “proyectos”. El impacto de calificar a un proceso de adquisición como
proyecto es dañino, ya que éste tipo de proceso no tienen las características
que se requieren para ser considerados como proyecto (por ejemplo desde un
enfoque tradicional predictivo), a saber, el alcance, interesados, resultado(s),
cronograma, riesgo(s), etc., sólo por mencionar algunos. Entonces si los
“proyectos” que considera la entidad pública no tienen el concepto de tal, peor
aún no tendrán la gestión de un proyecto. En conclusión, al confundir o
desconocer el concepto de proyecto y su respectiva gestión (independiente del
enfoque), se puede explicar también como un motivo más por el cual la entidad
pública y los procesos de contratación tienen fallas, dificultades, resultados
pobres y también vicios de corrupción.
Mi particular
opinión es que si bien la administración pública está haciendo los esfuerzos
para capacitar a sus funcionarios sobre los procesos de contratación y la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es necesario que también
reciban al menos una capacitación mínima sobre el concepto de Proyectos y su
gestión, para que puedan diferenciar cuando están contratando bienes o
servicios como ámbito de operación y cuando lo estarían haciendo como
proyectos. De hecho, un proceso de contratación puede formar parte de las
actividades de un proyecto y posiblemente sea un insumo importante para el
mismo pero, debe diferenciarse éstos conceptos.
Finalmente, cuando
la entidad pública tome la acertada decisión de crear u organizar su oficina de
proyectos (PMO) y por tanto una verdadera gestión, se obtendrá resultados
favorables de la inversión pública, pero, hasta mientras, al menos deberá capacitar
a su personal en ésta materia o en su defecto, contratar a profesionales con el
perfil de Project Management para mejorar la ejecución de proyectos de interés
público y sea eficiente como eficaz.
Cristóbal Morocho
Moreno, PMP
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